Ramiro Tijerino, rector general de la Universidad Juan Pablo II, José Luis Díaz, vicario de la Catedral de Matagalpa; Sadiel Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega. Aquí el nombre de los los cuatro sacerdotes que recientemente fueron condenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua a 10 años de prisión.
Estos religiosos, junto a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, además del camarógrafo Sergio Cadena Flores, acompañaba al obispo secuestrado en agosto de 2022, monseñor Rolando Álvarez, quien también fue enviado a juicio acusado de conspirar contra el régimen sandinista.
Según recuerdan medios locales, como Despacho 505, la jueza Nadia Tardencilla, titular de Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, además los «inhabilitó de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular».
La la lectura de la sentencia, que ya se visualizaba, tal cual había adelantado Aleteia, se produjo el 3 de febrero.
Desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) se señaló que lo acontecido con los condenados es «una nueva aberración jurídica» y se volvió a exigir la liberación de estas personas, hechos que que vuelven a confirmar el aumento de las persecuciones hacia miembros de la Iglesia en Nicaragua.
Varios meses detenidos
El 19 de agosto de 2022, los recientemente condenados quedaron detenidos en la Dirección Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el Chipote, tras el arresto domiciliario de Álvarez.
Así replica Despacho 505, en base a lo expuesto por el Cenidh, lo sucedido con estas personas:
«El Cenidh ha denunciado que los jueces del régimen aplican una pena accesoria a la de prisión que viola toda norma constitucional y que no existe en la legislación penal, se trata de la “inhabilitación perpetua de los derechos ciudadanos” que es como declarar “muerte civil del ciudadano” después de cumplir la condena que ilegalmente le han impuesto».
«Resistir firmes en la fe»
Además de los sacerdotes y laicos que acompañaban a Álvarez cuando fue secuestrado, en las últimas semanas se conoció que el sacerdote Óscar Benavides, párroco de Espíritu Santo, en Mulukukú, también fue condenado a 10 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de conspiración y propagación de noticias falsas.
El sacerdote estaba detenido desde el 14 de agosto de 2022 luego de la celebración de una misa. El juicio de Benavides se produjo el 16 de enero de 2023 y al principio había sido condenado a ocho años de presión. Finalmente, durante una audiencia cerrada (denunciada como arbitraria) su condena se alargó a 10 años.
«Mis hermanos sacerdotes encarcelados y condenados injustamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo (enemigos de Dios y de su Iglesia), están viviendo en carne propia lo que los sacerdotes predicamos al Pueblo de Dios: “Resistir firmes en la fe” (1Pedro.5.8-9)», expresó el padre Edwin Román, quien permanece exiliado en Miami (Estados Unidos).
Todo esto, con las palabras y sentencias, en medio de episodios que han agudizado la mirada sobre Nicaragua en los últimos meses. Entre ellos la salida del país en marzo de 2022 del nuncio apostólico Waldemar Sommertag. La propia expulsión de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en julio. Similar la prohibición de famosas procesiones religiosas (Virgen de Fátima, San Miguel Arcángel y San Jerónimo, entre otras).
